Trabajadores y empresarios del mármol con daños pulmonares batallan para que la ley reconozca su enfermedad como profesional y evitar nuevos casos.
Al principio, solo era fiebre, pero Agustín Cebada sabía que algo no iba bien. A sus 30 años, y pese a su saludable aspecto, se asfixiaba al mas mínimo esfuerzo. Radiografías, analíticas, tomografías de tórax (conocidas como TACAR) y biopsias fueron necesarias para llegar a un diagnóstico a finales de 2009. «Recuerdo cuando la jefa de Neumología me llamó y me dijo ‘no te vas a creer lo que tengo», rememora Andrés Rabadán, médico epidemiólogo y jefe de Salud Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz. Agustín tenía silicosis, la enfermedad de los mineros que bien conocen en las cuencas mineras de Asturias y el País Vasco. Aunque él, como tantos otros, trabajaba de marmolista en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Cebada no fue capaz de soportar un trasplante de pulmón. Falleció el 4 de octubre de 2012.
Antes de morir, le dio tiempo a movilizar a otros compañeros marmolistas que también empezaron a caer enfermos. Fundó la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES) para intentar agrupar a trabajadores de toda España con esta enfermedad que solo se considera profesional para los mineros. Ante la inusitada proliferación, neumólogos y epidemiólogos de Cádiz realizaron una investigación científica. «Se diagnosticó silicosis a 46 varones con una mediana de edad de 33 años y una media de 11 años de antigüedad laboral en la fabricación de encimeras de aglomerados de cuarzo», concluyó el estudio en 2014. Hoy son 109 casos investigados, solo en la provincia de Cádiz. En Andalucía, ya son 255 los afectados. «Después de Agustín, falleció otro compañero de 35 años», recuerda David Medina García, presidente de ANAES.
La alarma de los neumólogos también estuvo en la concentración espacio-temporal: diagnósticos de 2009 a 2012 y, la mayor parte, en Chiclana. La razón estaba en la España del ladrillazo. Pocos recuerdan cómo era esa pequeña localidad antes de que el boom de la construcción la convirtiera en el paraíso de las casas ilegales. «En pocos años, Chiclana pasó de ser un pueblo agrícola a convertirse en un pequeño polo industrial especializado, entre otras ramas, en la elaboración de aglomerados artificiales de cuarzo para encimeras», resume el estudio. En esos nuevos chalés, todos querían las modernas y atractivas encimeras de colores.
«Se convirtió en el material estrella. Al principio yo era reacio, pero las tiendas de cocina lo pedían y tuvimos que incorporarlo», explica Manuel Barbosa, propietario de Mármoles Barbosa y secretario de ASEEYA, Asociación de Empresarios de Encimeras & Afines. Recuerda cómo en el año 2007, en el cenit de la burbuja inmobiliaria, existían 24 marmolerías en la ciudad. «Hoy solo quedamos cuatro», sentencia.
La asfixia de la incertidumbre
Salvador Arce, secretario de ANAES, ya ni se acuerda cómo era la vida antes de estar enfermo: «Tengo tos crónica, me canso al andar. Antes podía caminar cinco kilómetros sin cansarme y eso ahora es impensable. Me ha salido bronquitis, apnea del sueño…». Todo por trabajar cortando encimeras de cuarzo prensado de 2004 a 2008. «Las TACAR (prueba de tomografía de torax) eran de susto», corrobora Rabadán. Mostraban preocupantes manchas en los pulmones «producidas por acumulación de polvo inorgánico de sílice en el pulmón».
El riesgo de enfermedad está relacionado con la exposición y con la cantidad de sílice cristalina inhalada. En la actualidad, además, se sabe que la sílice recién fracturada es más tóxica que la que contiene el polvo más antiguo. Eso explica que la afectación de estos trabajadores sea más grave que la de los mineros. En periodos de exposición de dos a diez años, han contraído una silicosis mucho más virulenta.
«Nuestra enfermedad no tiene curación ni mejoría. Puede mantenerse o empeorar, lo normal es que vaya a peor: de silicosis crónica simple a complicada», reconoce Medina. «Es una enfermedad autoinmune de la que no sabemos la tasa de supervivencia», reconoce Andrés Rabadán. Sin embargo, intenta lanzar un mensaje de esperanza: «Se están desarrollando proyectos de investigación para encontrar un tratamiento».
«Por fuera te ves igual, pero, por dentro, las pruebas dicen otra cosa», explica Manuel Vela. Tiene 36 años y contrajo la enfermedad hace seis años. Su afectación está en fase complicada. Aunque no es su caso, muchos tienen afectados los riñones o tienen problemas de circulación que les llevan a perder la sensibilidad de las extremidades. La mayoría tienen fiebres periódicas, apneas y se asfixian al más mínimo esfuerzo físico.
Vela consiguió la incapacidad permanente total: «Tengo dos hijos y una hipoteca que pagar. Gano unos 800 euros y me doy con un canto en los dientes porque hay quien tiene pensiones de 400 euros». Pide que la orden ministerial que regula la normativa de la Seguridad Social, que data de 1969, se modifique para reconocer su situación. De hecho, el pasado mes de marzo el PSOE registró en el Congreso una proposición no de ley para ello. No se llegó a debatir, aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social ya acepta de facto la reinterpretación de la orden, mientras las mutuas siguen recurriendo y prolongando su calvario.
Ruina y litigios
Un sufrimiento que también se dirime en los juzgados. Casi todos los afectados tienen procesos abiertos. «Legalmente, es el empresario el responsable de lo ocurrido», explica Rabadán. Pero añade: «No es tan fácil, todos son víctimas. Se produjo una cadena de errores». De hecho, el informe elaborado por su equipo concluye: «El evidente incumplimiento de todas las partes interesadas (fabricantes, servicios de prevención de riesgos laborales, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y empresarios), tanto en la implementación de medidas de protección en el lugar de trabajo como en la vigilancia de la salud, ha conducido a una grave situación, cuya magnitud todavía no se puede prever con exactitud».
«Nos dijeron que se trabajaba igual que el mármol o el granito», explica Barbosa. Las cortaban en seco, con la única protección de una mascarilla simple. Pero el polvo, de micropartículas de sílice, se mantenía hasta dos días en suspensión. Todo cambió con los primeros casos, «en 2009, las encimeras empezaron a venir con etiquetas en las que ya sí se explicaban las medidas de seguridad para cortarlas», apunta el empresario. No lo ven así los fabricantes que, en diversas comunicados públicos, han puntualizado que desde el principio indicaron la composición del material.
«Contratamos planes de prevención externos que ahora sabemos que estaban mal hechos», resume Rocío Rodríguez, presidenta de ASEEYA. Hoy, empresas como la de Barbosa tienen máquinas al agua que trabajan en zonas reservadas y manipuladas por operarios protegidos con máscaras. Hasta posee una lavandería para evitar que la ropa salga del taller.
Compañías arruinadas por las indemnizaciones
Rocío Rodríguez tenía una marmolería en Chipiona, pero la crisis y las denuncia la arruinaron. En 2015, con el primer juicio perdido de un trabajador, cerró. Todavía le quedan tres procesos más abiertos. Barbosa tiene pendientes siete juicios, uno de ellos, por lo penal. «Tenemos compañeros de la asociación que también tienen silicosis porque estaban en el taller. Uno de ellos, se suicidó incapaz de soportar todo este sufrimiento», explica.
De media, las indemnizaciones a los trabajadores oscilan entre los 200.000 y los 300.000 euros. A eso tienen que sumar la sanción del INSS «con un recargo de prestaciones que va del 30% al 50% de la pensión que le queda al trabajador», explica la presidenta de los empresarios afectados. «Nos sentimos desamparados, toda la responsabilidad de los múltiples agentes implicados recae en los pequeños empresarios. Los trabajadores nos demandan y a la vez nos reclaman daños y perjuicios», reconoce Rodríguez.
Los exempleados se escudan en que es lo que le recomiendan sus abogados para poder cobrar, aunque para ello, tengan que denunciar a amigos o familiares que fueron sus jefes. Difícilmente, llegan a cobrar algo, como reconoce Vela: «Denuncié a la empresa, pero ya está cerrada. Los casos se están ganando, pero se declaran insolventes y no pagan».
Apretados contra las cuerdas, empresarios y trabajadores, saben que su enemigo común tiene una solución aceptable para las dos partes. Desde ASEEYA también reclaman que la silicosis sea reconocida legalmente como enfermedad profesional. Creen que así el pago del recargo de las prestaciones recaería en el Estado, como ya ocurre con otras afecciones. Si no lo consiguen, se plantean medidas judiciales contra fabricantes o la Administración para encontrar los culpables «de esta epidemia en el sector», como explica Rodríguez.
Mientras llega, ambas parten claman por una prevención efectiva, con protocolos de actuación verdaderamente fiables que eviten nuevos casos. David Medina teme que surjan nuevos casos y no quiere que nadie más pase por un trance como el suyo: «Estamos enfermos en la flor de la vida con familias a nuestro cargo y sin saber cuánto vamos a durar, ¿cómo le explicamos eso a nuestros hijos?».
Un informe para definir protocolos
La premisa fue clara en Andalucía al conocer los casos de silicosis: crear un plan de choque para evitar nuevos casos. Tanto las Consejerías de Salud como la de Empleo iniciaron un camino en el que se realizaron constantes campañas de inspección. Además, se ha puesto en marcha un plan compuesto por mesas en las que están representados trabajadores, marmolistas empresarios o fabricantes.
La idea es que el documento que saldrá de este trabajo se lleve al Parlamento Andaluz para su aprobación en un mes. Los afectados confían en que también lleve a una mayor visibilidad nacional. «En España aún hay muchos enfermos que no saben qué hacer», explica David Medina, de ANAES. Lo cierto es que en el país la incidencia de la silicosis parece ir en aumento. Los casos notificados al Instituto Nacional de Silicosis (INS) disminuyeron de 2003 (375 casos) a 2007 (115 casos). Desde entonces aumentaron cada año hasta llegar a 256 casos en 2011.
Los empresarios también definen la idoneidad del plan andaluz como herramienta que defina los protocolos. «Han ido dando palos de ciego, en cada inspección nos decían que teníamos que cambiar algo, sin tener claros los criterios de seguridad», denuncia la presidenta de ASEEYA, Rocío Rodríguez.
(Noticia extraída de El País)
